*Repiten los “errores”.
*Van a las capacitaciones, pero lo hacen mal.
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver.
A pesar de que los alcaldes son constantemente capacitados en el manejo de recursos públicos, cada año, repiten los mismos “errores” y son observados por el Órgano de Fiscalización.
De acuerdo al reporte, los ediles incurren constantemente en los siguientes errores: obras públicas con sobrecostos o mala ejecución, incumplimiento de normativas para permisos, deficiencias en licitaciones, así como problemas para justificar gastos o documentos.

También incurren constantemente en falta de comprobantes fiscales digitales, observaciones en materia de deuda pública, obligaciones financieras y disciplina en el manejo presupuestal.
El pasado 1 de octubre se entregó la Cuenta Pública 2024, en la que se observaron irregularidades por mil 537 millones 550 mil 416.82 pesos en 174 municipios, recursos que no fueron debidamente justificados durante el tercer año de gobierno municipal.
Es de mencionar que existen al menos 20 municipios resultaron con las observaciones más grandes.
Entre ellos Ixhuatlán del Café a la cabeza ($65,724,000), seguido por Ixtaczoquitlán ($52,854,000) e Hidalgotitlán ($36,340,000); a estos se suman Álamo ($22,224,000), Totutla ($21,266,000), Ayahualulco ($20,498,000), Zozocolco de Hidalgo ($20,157,000), Uxpanapa ($18,899,000), Jesús Rodríguez Clara ($18,551,000), Jilotepec ($18,259,000), Altotonga ($17,889,000), Acayucan ($17,879,000).
Ilamatlán ($17,184,000), Coyutla ($15,965,000), Espinal ($14,074,000), Cosoleacaque ($12,831,000), Jesús Carranza ($12,815,000), Cotaxtla ($11,994,000), El Higo ($10,960,000), Zontecomatlán ($10,529,000) y Calcahualco ($10,382,000), lo que evidencia un patrón de irregularidades financieras en estas demarcaciones.
La titular del Orfis en Veracruz, Delia Gonzales Cobos, informó que seguirán las etapas de seguimiento, evaluación y, en su caso, sanción o responsabilidad administrativa para quienes resulten responsables.
Recordó que estas pueden ir desde las amonestaciones, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución del puesto, sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos y reparación del daño patrimonial.
