*Seguro catastrófico para cultivos
*Lo reconfirma Rodrigo Calderón
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, compareció ante el Congreso de Veracruz donde justificó la decisión de no contratar un seguro catastrófico para el campo estatal, a pesar de las recientes inundaciones en la zona norte.
El funcionario defendió el nuevo esquema de apoyos directos, asegurando que representa una mejora sustancial para los productores afectados.
Editor86
Calderón Salas explicó que “la ayuda directa” es más eficiente y oportuna e incluso reportó que más de 9 mil 700 productores que sufrieron daños en sus cultivos recibirán en la primera semana de diciembre un promedio de 7 mil 500 pesos.
"Esta cantidad significa un monto de cuatro veces más de lo que hubieran recibido con un seguro catastrófico", argumentó el secretario.
Para justificar la eliminación del seguro tradicional, el titular de Sedarpa presentó datos que demostraban su baja rentabilidad; dijo que entre 2018 y 2023, el Estado pagó 208 millones de pesos en primas, recuperando solo 92 millones en indemnizaciones (un 44%).
Además, los pagos por siniestros eran tardíos y exiguos, con liquidaciones de aproximadamente mil 500 pesos por productor en años con desastres.
En otro punto de la comparecencia, el funcionario abordó el uso indebido de las bodegas del Gobierno del Estado en la Central de Abastos de la Ciudad de México.
Calderón Salas reconoció que las instalaciones estaban siendo utilizadas por personas ajenas al Estado y que no eran productores, sino meros comercializadores.
Dijo que tras una inspección, la Sedarpa emprendió acciones legales para recuperar los inmuebles, logrando la recuperación de una bodega en junio y la segunda en septiembre, tras anular contratos irregulares.
El secretario afirmó que se inició un proceso legal ante la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables.
Se detalló que estas bodegas generaron ingresos por más de $1.5 millones de pesos en el último año y que el arrendamiento anómalo estaba vinculado a un particular, presuntamente familiar de un exsubsecretario de Ganadería.
Finalmente, el funcionario lamentó el formato inadecuado de la comparecencia por el poco tiempo asignado, y se comprometió a entregar la información pendiente a los legisladores en un plazo máximo de 48 horas.
