*Pobladores se amparan; no hubo consulta
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El megaproyecto gasoducto Puerta al Sureste, diseñado para conectar el gas natural desde Texas, Estados Unidos, hasta Yucatán, enfrenta una ofensiva legal por parte de pescadores y comunidades indígenas de Veracruz.
Los afectados interpusieron una serie de amparos denunciando la falta de consulta previa y graves omisiones en la regulación ambiental y social.
Editor86
Al respecto Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro A.C., alertó que la construcción ha avanzado sin respetar los mecanismos de información obligatorios.
De acuerdo a la activista, la obra se gestionó "en lo oscurito", privando a las comunidades de su derecho a decidir sobre su territorio.
La preocupación central radica en la vulnerabilidad de más de 70 mil personas que dependen directamente de la pesca en la región.
El trazo del gasoducto amenaza con dañar irreversiblemente los ecosistemas arrecifales, fundamentales para la reproducción de especies marinas que hoy ya se encuentran al borde del colapso.
"Preocupa que la Presidenta no esté bien asesorada, que no le esté llegando la información de este tipo de obras", señaló Cabrera, haciendo un llamado urgente al Ejecutivo Federal para atender las demandas de las comunidades locales antes de que el proyecto entre en operación, lo cual está previsto para este 2025.
El proyecto, liderado por la compañía canadiense TC Energy, es cuestionado no solo por sus posibles accidentes —como los recientes siniestros de "ojo de fuego" o la explosión en la plataforma Nohoch A—, sino por sus implicaciones a largo plazo:
Alertaron que la infraestructura atraviesa zonas de alta biodiversidad marina que están perdiendo su capacidad natural de recuperación.
El transporte de gas es una de las principales fuentes de este gas de efecto invernadero, acelerando el cambio climático.
Expertos advierten que este gasoducto anclaría a México al consumo de combustibles fósiles estadounidenses por al menos 40 años más.
Ante la amenaza, organizaciones civiles y habitantes locales buscan no solo detener la infraestructura fósil, sino proponer la creación y ampliación de una Área Natural Protegida (ANP).
El objetivo es blindar los arrecifes veracruzanos y garantizar que cualquier proyecto futuro incluya, por ley, la voz de las comunidades que habitan y protegen el océano mexicano.
