*“Depuración” para ocultar las cifras
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Organizaciones civiles se mostraron en contra del Informe de Desaparecidos que presentó este viernes el gobierno federal.
Causa Común dijo que a pesar de la existencia de la Ley General en Materia de Desaparición, México sigue careciendo de un balance oficial, confiable y verificable sobre el total de personas desaparecidas en su territorio.
El reciente anuncio sobre la "depuración" del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha generado una profunda preocupación, ya que el desglose de cifras, lejos de aportar claridad, exhibe la precariedad de la información y la debilidad de las instituciones responsables de generarla.
Editor86
Señalaron que según los datos presentados por el gobierno federal, de un universo de 130,178 registros, el 36% (46,742 casos) corresponde a expedientes incompletos que carecen de datos mínimos para corroborar la identidad de las víctimas o impulsar acciones efectivas de búsqueda.
Por otro lado, un 31% (40,308 registros) agrupa a personas sobre las cuales se detectó alguna "actividad" en registros administrativos posterior a su reporte de desaparición, un criterio que las autoridades utilizan para suponer que no se encuentran desaparecidas, aunque no exista una localización física confirmada.
Finalmente, solo el 33% (43,128 casos) se presentan como desapariciones "verificadas", de las cuales apenas 3,869 están vinculadas a una carpeta de investigación formal.
“Estas cifras deben leerse con absoluta reserva, pues el RNPDNO se ha consolidado como un instrumento disfuncional que carece de reglas para homologar procedimientos y que restringe el acceso a sus bases de datos para una verificación independiente. Resulta alarmante que supuestos indicios de actividad administrativa sean utilizados como pretexto para descartar casos, o que se pretenda descontar de la estadística a aquellas personas que, por la propia ineficiencia institucional, no cuentan con registros suficientes. Bajo esta lógica, el Estado parece sugerir que, ante la imposibilidad técnica de buscar a alguien, la persona deja de estar desaparecida” señalaron.
Finalmente apuntaron que este manejo de los datos, que parece supeditar la tragedia humanitaria a las capacidades de fiscalías colapsadas, se percibe más como un ejercicio de "malabares numéricos" y en lugar de fragmentar las cifras para reducir el impacto político, es urgente fortalecer las acciones de búsqueda en campo, acelerar la identificación forense.
