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¡LES QUITAN LAS FICHAS! - DE DESAPARECIDOS EN PUEBLOS MÁGICOS

Familiares de personas desaparecidas en Veracruz denunciaron que autoridades estatales han ordenado el retiro y la prohibición de la colocación de fichas de búsqueda en zonas turísticas...

¡LES QUITAN LAS FICHAS! - DE DESAPARECIDOS EN PUEBLOS MÁGICOS

*Viola autoridades estatales la Ley General en materia de desaparición

Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver

Familiares de personas desaparecidas en Veracruz denunciaron que autoridades estatales han ordenado el retiro y la prohibición de la colocación de fichas de búsqueda en zonas turísticas.

El argumento oficial para esta censura, aplicada específicamente en "Pueblos Mágicos" como Coatepec y Orizaba, es una supuesta normatividad federal que prohíbe cualquier tipo de publicidad en los centros históricos de estas ciudades.

Esta acción ha generado gran indignación, pues contraviene directamente la Ley General en Materia de Desaparición, cuyo Artículo 12 establece la obligación de las autoridades de difundir las fichas de búsqueda de manera masiva y por todos los medios disponibles.

Los colectivos de familias calificaron este hecho como una “revictimización” y un intento deliberado del Estado para ocultar la grave realidad de las desapariciones que se vive en el país.

La crisis es innegable: al 21 de noviembre de 2025, el Registro Nacional reporta 133,655 personas desaparecidas en México. De ellas, 7,714 corresponden únicamente a Veracruz. Además, datos de la Red Lupa indican que en la entidad 615 personas desaparecidas hasta mayo de 2025 eran menores de 18 años, siendo la mayoría niñas.

Los colectivos denunciaron que esta prohibición no solo exhibe una profunda falta de empatía, sino que constituye una omisión de derechos, ya que la colocación de fichas es una parte esencial de las acciones de búsqueda en vida que realizan las familias.

Recordaron que esta práctica se basa en el principio de que la persona puede estar viva, y enfatizaron que la difusión de estas cédulas es una obligación que corresponde a las autoridades, no a las familias.

La falta de apoyo institucional obliga a las familias y colectivos a llevar a cabo las búsquedas por su cuenta, a menudo sin los recursos necesarios.

Amnistía Internacional ha catalogado la labor de los colectivos como de "alto riesgo". Entre 2011 y mayo de 2025 se han documentado 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 eran mujeres.

Estos crímenes suelen ocurrir tras reportar amenazas, el hallazgo de fosas o la identificación de restos, lo que demuestra que las buscadoras enfrentan ataques directos a sus derechos a la vida, a la integridad y a la libre circulación.