*Infraestructura en Construcción ya no podía emitir facturas; aún así ganó la licitación federal en la que incluso compitió con una empresa hermana
Violeta Santiago y Flavia Morales/ Quinto Elemento Lab y AVC Noticias
En menos de una década, el camino hacia la comunidad de Tomate Río Manso ha sido objeto de cuando menos cuatro contratos millonarios.
Pero cuando se le pregunta a los pobladores de este lugar del sur de Veracruz sobre las condiciones de la vía, responden que la mitad del trayecto es de terracería, mientras que la otra mitad es un remedo de asfalto sumamente deteriorado.
Enclavado en la Cuenca del Papaloapan, conocida por sus cañaverales, el cultivo de piña y su producción ganadera, Tomate es una de las 236 localidades rurales del municipio de Playa Vicente.
En agosto de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT) otorgó a Infraestructura en Construcciones un contrato por 4 millones 585 mil 715 pesos para la reparación y el mantenimiento del camino que comunica a la comunidad con la carretera Tuxtepec-Palomares.
La obra debía beneficiar a seis localidades, así como a ganaderos y comerciantes de maíz y sandía que toman esta ruta para llegar a Playa Vicente y vender sus productos.
“Es de los caminos más importantes porque es la carretera que nos comunica con los municipios aledaños de Veracruz y Oaxaca”, dice Ramiro Martínez Amezcua, presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.
Sin embargo, Infraestructura en Construcción no tapó un solo bache porque era una empresa fantasma.
Fue calificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) definitiva desde 2018, tras no comprobar su capacidad para cumplir con las actividades que decía realizar.
Pero eso no le impidió ganar el contrato para una obra que no realizó.
En esta entrega, Quinto Elemento Lab y AVC Noticias revelan cómo, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la SICT contrató indebidamente a una facturera inmovilizada por el SAT.
Más allá de las irregularidades y la falta de consecuencias para la empresa, esta investigación también expone cómo su apoderado legal configuró una red de firmas en Veracruz para continuar haciendo tratos con dinero público.
Irregular desde el principio
Simulación de competencia, evaluación dudosa, contratación indebida y débil seguimiento de la obra son las inconsistencias halladas al revisar la licitación que la SICT de Veracruz otorgó a Infraestructura en Construcción.
La cronología documental deja en claro que la secretaría falló tanto al entregar el contrato a la EFOS a pesar de las irregularidades, como al no cancelarlo —incluso cuando la misma empresa lo solicitó—, a pesar del incumplimiento de los trabajos.
La obra consistía en retirar cuatro kilómetros de pavimento, reponer y compactar la base del camino, realizar bacheo profundo y colocar una carpeta asfáltica, además de trabajos de drenaje y señalización.
La reparación del camino permitiría conectar a comunidades de Oaxaca y Veracruz con el municipio de Playa Vicente.Imagen: SICT, respuesta de Transparencia
En el concurso de licitación, que recibió siete propuestas, también participó Construcciones B&M, una compañía que comparte con Infraestructura en Construcción tres integrantes y la misma dirección en Xalapa.
El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas establece que las dependencias no pueden recibir proposiciones ni adjudicar contratos a “licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común”.
Pero la SICT no descalificó a las empresas.
La secretaría evaluó a Infraestructura en Construcción como la mejor en calidad, capacidad, experiencia y cumplimiento de contratos, aunque la firma presentó la tercera oferta más cara.
Incluso fue la única empresa de la que se tomaron en cuenta contratos previos; esto le dio una puntuación de diez en la evaluación de experiencia y especialidad.
La oficina veracruzana de la SICT dijo a Quinto Elemento Lab que tampoco revisó el listado 69-B del SAT para saber si la empresa podía facturar.
De otro modo, habría descubierto que, cuando se firmó el contrato, la compañía tenía 11 meses y 13 días de haber sido declarada una EFOS definitiva.
La vigilancia del SAT sobre la constructora se remontaba a 2016.
Infraestructura en Construcción permaneció dos años con el estatus de presunta EFOS, hasta que la autoridad fiscal resolvió que no logró desvirtuar el supuesto de operaciones inexistentes.
En su artículo 50, la Ley de Adquisiciones establece varias circunstancias en las que no se pueden otorgar contratos a determinados proveedores, entre ellas las de conflictos de interés o falta de cumplimiento en otras obras o que tengan algún impedimento para trabajar por alguna razón legal, pero en ninguna parte esa ley obliga a las dependencias a revisar si las empresas aparecen o no en el listado de EFOS del SAT.
La SICT, en respuesta a un cuestionario de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, confirmó que no necesitó indagar el estatus de Infraestructura en Construcción porque consideró que cumplía con los requisitos del proceso: “de ahí que sean licitaciones públicas, no existe impedimento alguno [para que participen], salvo los establecidos en las bases de la licitación”.
Así que el trato se cerró en agosto de 2019 con las firmas del arquitecto Ramón Montano Hernández, apoderado general de la empresa, y por parte de la SICT, de Blanca Estela Castillo Morales, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y de José Adalberto Vega Regalado, director del Centro SICT Veracruz.
La obra debió comenzar a finales de agosto, pero en el camino hacia Tomate no hubo movimiento alguno.
La alerta tuvo que haberse encendido en la secretaría cuando la constructora no le entregó la factura por 917 mil pesos que le permitiría cobrar el anticipo necesario para arrancar los trabajos.
En octubre, Montano, el apoderado de la firma, envió una carta a la SICT en la que pedía la rescisión del contrato porque la empresa estaba imposibilitada por el SAT para emitir facturas desde un año atrás.
Sin embargo, la dependencia esperó hasta la fecha en que debía terminarse la obra, el 18 de diciembre, para comunicarle al arquitecto que había empezado el procedimiento de cancelación.
La secretaría admitió, en documentos recibidos por Transparencia, que la EFOS “no dio inicio en ningún momento a los trabajos encomendados por la dependencia”.
Personal de la SICT recorrió la obra en febrero de 2020, en una cita a la que no se presentó Montano, y tomó nota de que el avance era nulo.
Solo entonces se hizo oficial el término del contrato.
"Solo hasta que se venció el plazo de la obra, la dependencia acudió al sitio para comprobar los trabajos". Imagen: SICT, respuesta de Transparencia
Para Natalia Campos, experta en administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), casos como el de Infraestructura en Construcción exponen dos niveles de fallo en las dependencias: primero, en la planeación de los convenios y el establecimiento de controles “para no incurrir en incumplimientos de ley, en contratación indebida”, y segundo, en el “seguimiento de los contratos, sobre todo en obras”.
La SICT afirma que no se le pagó a la empresa el contrato de Playa Vicente debido a su imposibilidad para facturar.
Pero el expediente —obtenido mediante solicitudes de información— señala que la EFOS debió abonar 1.3 millones de pesos en concepto de multas y penas por el incumplimiento de la obra, lo que no ha hecho.
El procedimiento para hacer eficaz la póliza que el contratista dejó en garantía es responsabilidad ahora de la Tesorería de la Federación, contestó la secretaría.
Las únicas consecuencias de la rescisión del contrato han sido para los habitantes de Tomate, pues no se planea licitar de nuevo la reparación del camino.
Mientras tanto, los operadores de la compañía fantasma han seguido trabajando como contratistas gubernamentales.
¿Dónde están los socios?
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