ÁNDALE
*Dice que los penales tienen sistema antidrones
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Alfonso Reyes Garcés, compareció ante el Congreso como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno donde dijo que Veracruz es el octavo estado más seguro del país.
Señaló que con base en lo informado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia total de delitos en Veracruz presentó una disminución del 11 por ciento por 100 mil habitantes y de ocho por ciento en el total de delitos cometidos; aunque reconoció que hay 27 municipios considerados los de mayor incidencia delictiva.
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Con el formato limitado- el funcionario reconoció haberse hecho bolas- intentó responder a todas las preguntas; además reveló que en los penales operan sistemas antidrones para evitar ataques como los ocurridos en Tuxpan.
En los cuestionamientos, la diputada del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, cuestionó sobre la percepción ciudadana misma que dijo reprueban a las autoridades.
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Y preguntó las denuncias que se hicieron en el penal de Tuxpan, donde, según versiones difundidas en medios, personas privadas de la libertad denunciaron extorsiones y agresiones al interior del centro.
También preguntó sobre la violencia politica en el pasado proceso electoral y citó casos como el asesinato de un candidato en Coxquihui y de su hijo, que lo sustituyó en la candidatura; el doble atentado contra la presidenta municipal de Santiago Sochiapa, y las agresiones contra el alcalde de Coxquihui, Lauro Becerra, su chofer y su padre.
En su intervención, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, pidió información sobre los operativos de seguridad en Poza Rica y en la zona norte del estado, donde, dijo, pese a la emergencia por desastres recientes, la población sigue reportando robos y balaceras.
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El funcionario también anunció que se prepara una iniciativa de nueva Ley de Movilidad y Transporte que se pretende discutir en 2026, con el fin de regular el servicio por aplicaciones y fijar criterios para el uso de vehículos híbridos —eléctricos y de combustible— en el transporte público.
