Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, ejecutó dos órdenes de cateo en el municipio de Veracruz tras obtener la autorización de un Juez de Control.
La intervención se derivó de una carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público de la Federación, tras recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre la operación de negocios con máquinas tragamonedas instalados estratégicamente frente a planteles educativos.
La Policía Federal Ministerial (PFM) contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.
El primer operativo tuvo lugar en las inmediaciones de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, donde las fuerzas federales detuvieron a una persona y aseguraron un inmueble, 14 máquinas tragamonedas y la cantidad de siete mil 930 pesos en efectivo.
De manera simultánea, se intervino un segundo inmueble ubicado en la avenida J. B. Lobos.
En este sitio, los elementos de seguridad lograron el aseguramiento de otras 15 máquinas de azar, dos teléfonos celulares, una memoria USB y la propiedad donde se realizaba la actividad ilícita.
Todo el material incautado y los inmuebles quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones para deslindar las responsabilidades penales correspondientes.
Autoridades han realizado el desmantelamiento de diversos "minicasinos".
Según las autoridades, estos dispositivos no solo violan la ley federal, sino que sirven como una fuente de financiamiento para el crimen organizado y son utilizados como mecanismos de lavado de dinero, generando ingresos ilícitos millonarios.
Asimismo, la presencia de estos aparatos en la vía pública o comercios locales representa un grave riesgo social, ya que fomentan la ludopatía o adicción al juego a temprana edad.
Al ubicarse cerca de escuelas, estos negocios atraen a menores de edad, lo que frecuentemente deriva en deserción escolar y conductas delictivas para costear el juego, además de que muchas veces su instalación es producto de extorsiones contra los dueños de los pequeños comercios.
