*El Gobierno de Veracruz asumió el control operativo de los autobuses del sistema Ulúa
*Deben recuperar la millonada que costaron los camiones chinos
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El Gobierno de Veracruz asumió el control operativo de los autobuses del sistema Ulúa tras un conflicto con los concesionarios, quienes devolvieron las unidades luego de intentar imponer un aumento arbitrario en las tarifas, elevándolas de 15 a 18 pesos sin autorización.
Esta intervención estatal busca garantizar la continuidad del servicio, obligando ahora a la administración pública a demostrar la viabilidad financiera de operar el sistema de manera directa en la zona conurbada.
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Cabe mencionar que el Gobierno de Veracruz debe recuperar al menos mil millones de pesos.
Durante el año 2025, el Estado destinó 500 millones de pesos para la adquisición de 102 unidades, de las cuales el 92% integran tecnología híbrida.
Para este 2026, el plan de expansión contempla el Sistema Quetzally en Coatzacoalcos con una inversión adicional de 500 millones de pesos, de los cuales la mitad ya fue ejercida el año pasado y el resto se encuentra etiquetado para el presente ejercicio fiscal.
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La gestión de estos recursos se realiza a través del Fideicomiso Público, Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros.
Este mecanismo financiero será el encargado de manejar los fondos con el objetivo de consolidar el modelo de movilidad en Coatzacoalcos y absorber formalmente la operación en el puerto de Veracruz, asegurando que el dinero se aplique exclusivamente a la mejora del servicio.
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Al respecto, la Gobernadora puntualizó que el transporte público no puede ser utilizado como un mecanismo de presión ni como rehén de intereses particulares.
Aclaró que, a diferencia de Xalapa, donde el incremento tarifario respondió a un análisis técnico riguroso, en Veracruz y Boca del Río no existen condiciones para un aumento, por lo que el costo al usuario se mantendrá sin cambios.
La mandataria subrayó que las concesiones tienen como fin primordial servir a la ciudadanía y no privilegiar el negocio privado sobre el interés público.
Finalmente, ante la persistencia del paro transportista, el gobierno estatal ratificó su decisión de operar el sistema Ulúa con recursos y personal propio.
Asimismo, se anunciaron sanciones severas para los operadores que incurran en actos de prepotencia o maltrato.
