Por Noemí Valdez/Reportera de Notiver
En el marco del proceso de renovación de agentes municipales para el periodo 2026-2030, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) denunció graves irregularidades en la organización de los comicios en diversos municipios señalando particularmente al Ayuntamiento de Altotonga por la exclusión de 43 comunidades del ejercicio democrático.
A través de la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, la bancada panista manifestó su rechazo a las acciones que vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Según la legisladora, el pasado 4 de marzo, el cabildo de Altotonga modificó unilateralmente la denominación de varias agencias municipales para convertirlas en subagencias, una maniobra realizada sin decreto del Congreso del Estado ni justificación jurídica pública.
"Rechazamos cualquier acto que implique la exclusión de comunidades o la modificación unilateral de la estructura de las agencias sin el sustento legal correspondiente y sin la intervención de este Congreso", sentenció Delfín Rodríguez durante la Octava Sesión del Primer Receso.
La situación en Altotonga no es un caso aislado pues municipios como Tatahuicapan, Ayahualulco y Acajete también han reportado intentos de desaparecer estas figuras, lo que los habitantes interpretan como una pérdida de gestión y autonomía.
Mientras los ciudadanos acuden al Congreso por auxilio, los legisladores han reiterado que la supresión de agencias es facultad de los cabildos, lo que deja a las comunidades en un "limbo" de defensa política.
En demarcaciones como Uxpanapa, la disputa ha llegado a tribunales federales, donde la Sala Regional Xalapa ha tenido que intervenir para ordenar el pago de salarios a agentes municipales, evidenciando el desdén administrativo de los ayuntamientos.
Ante el panorama de inestabilidad, el Grupo Legislativo del PAN lanzó un exhorto a los órganos electorales para vigilar con lupa el desarrollo de los procesos de elección.
Demandaron que se adopten medidas urgentes para restituir los derechos de las comunidades afectadas e informar a la Soberanía estatal sobre las acciones implementadas.
La eliminación de estas figuras no solo representa un conflicto burocrático, sino un golpe directo a la operatividad de los servicios públicos en las zonas más alejadas de las cabeceras municipales, limitando la capacidad de los habitantes para gestionar obras y apoyos básicos.
