Xalapa, Ver. (AVC) A nivel federal se impulsa la llamada Ley Mirna, una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar la inembargabilidad de los apoyos sociales, ante casos de embargo a pensiones del Bienestar por adeudos con financieras.
La representante legal del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vásquez, explicó que la iniciativa surge tras documentarse casos de adultos mayores a quienes se les ha embargado la pensión del Bienestar.
En entrevista, señaló que si bien los apoyos sociales ya están reconocidos en la Constitución, actualmente no existe un blindaje que impida a las instituciones financieras bloquear estos recursos cuando los beneficiarios caen en moratoria.
“La Ley Mirna consiste en que se haga una adición constitucional al texto del artículo 4 para darle la naturaleza de inembargable a los apoyos, de modo que este dinero ya no pueda ser retenido por acreedores”, explicó. Añadió que la medida protegería a los beneficiarios no solo frente a financieras, sino ante cualquier deuda de carácter civil.
De acuerdo con Carbajal Vásquez, cuando una persona deja de pagar un crédito se inicia un procedimiento mercantil y se solicita el embargo de bienes económicos. Posteriormente, los tribunales giran oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inmovilizar todas las cuentas a nombre del acreditado.
Indicó que estas órdenes son acatadas por las instituciones bancarias sin distinguir si se trata de cuentas de ahorro, nómina o de pensión del Bienestar, lo que ha derivado en afectaciones directas a adultos mayores.
La representante del Barzón señaló que, aunque han sostenido acercamientos con diputados locales y legisladores federales para exponer la problemática, la iniciativa no ha sido incorporada a la agenda legislativa.
Afirmó que los cambios se aprobaron sin consultar a organizaciones civiles que han documentado estos casos.
Las pensiones del Bienestar, dirigidas a personas adultas mayores, han sido objeto de embargos por orden judicial a petición de financieras, pese a tratarse de apoyos de carácter social.
La Ley Mirna plantea un cambio constitucional para impedir este tipo de prácticas.
