*ORFIS endurece fiscalización
*Del último año de los alcaldes salientes
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Ante las múltiples quejas que han manifestado los alcaldes entrantes por las precarias condiciones en que recibieron sus administraciones, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha endurecido la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Edificios en mal estado, falta de documentación oficial, presunto robo del parque vehicular y desorden administrativo son solo algunos de los problemas que enfrentan los nuevos ediles tras la salida de sus antecesores.
Editor86
Para garantizar que no haya impunidad ante estas irregularidades, el ORFIS puso en marcha el Programa de Auditorías Internas Coordinadas, el cual se enfocará en fiscalizar puntos críticos que han sido blanco de denuncias en municipios como Tamiahua, Cerro Azul y Mixtla de Altamirano.
De acuerdo con el esquema técnico de fiscalización, las auditorías se centrarán en la gestión de recursos y finanzas donde se revisarán minuciosamente los recursos no ejercidos, el registro contable de cuentas bancarias y el cumplimiento de obligaciones fiscales para detectar posibles desvíos o falta de pagos.
Ante las denuncias por desaparición de equipo, se auditará el control de bienes muebles y, de manera crucial, el proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal 2022-2025.
Editor86
La lupa también estará sobre la autorización del gasto, el procedimiento de contratación de obras y la correcta integración de expedientes unitarios de obras, así como los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.
De confirmarse irregularidades quedarán asentados en el Informe de la Cuenta Pública 2025 donde podrían solventarlos.
Es de mencionar que el ORFIS la facultad de fincar responsabilidades resarcitorias si tras la revisión del registro contable de cuentas bancarias o la entrega-recepción se confirma un daño patrimonial.
Esto implica que los exfuncionarios podrían ser obligados a devolver el dinero desviado mediante indemnizaciones económicas, sumado al pago de multas administrativas proporcionales al monto de la afectación detectada.
Además de la recuperación de los recursos, el ORFIS puede promover la inhabilitación para ejercer cargos públicos por periodos que alcanzan hasta los veinte años, especialmente en casos de gravedad extrema como el remate irregular de activos o el robo de parque vehicular.
