* El Gobierno de la Ciudad de México debe más de 9.7 millones de pesos a médico injustamente despedido en 2004.
Se trata de una deuda que crece cada día con cargo al erario por la negativa de las autoridades (ahora bajo las órdenes de Clara Brugada) a cumplir con el laudo
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).– Durante los últimos 21 años el Gobierno de la Ciudad de México mantiene vivo un litigio en el que ya fue condenado a pagar más de nueve millones y medio de pesos a un empleado que fue despedido en 2004, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como gobernante de la capital del país, cantidad que día con día incrementa.
El caso está en etapa de ejecución, pero el incumplimiento de las autoridades de la CDMX pone en juego la continuidad del director general de Servicios Legales local, José Juan Torres Tlahuizo, quien fue designado a inicios de este año en dicho cargo por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la administración de Clara Brugada.
Lo anterior, debido a que desde marzo último la Secretaría de Salud capitalina, dependencia para la cual trabajaba Fernando González Ramos, quien demandó al gobierno de la CDMX, solicitó a Torres Tlahuizo autorizar el pago de nueve millones 765 mil 156.40 pesos en favor del extrabajador por concepto de salarios caídos desde 2004 a la fecha.
Hasta ahora, Torres Tlahuizo no ha dado el visto bueno para que la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano realice el pago, por lo que la cantidad requerida desde marzo ha ido incrementando por cada día que González Ramos no recibe el dinero y no se le reinstala en el cargo que tenía en la Secretaría de Salud de la CDMX, como ya fue ordenado por autoridades federales en materia del trabajo.
Torres Tlahuizo explicó que desde el 3 de junio solicitó a la Secretaría de Salud diversos documentos y que la dependencia no los ha enviado, además de que mientras el doctor Fernando González no sea reinstalado, los recursos no podrán ser liberados porque continúa corriendo el tiempo y la cantidad de salarios caídos incrementa cada día.
Despido y golpe a la salud
En 2001 el médico Fernando González Ramos fue contratado por la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal para trabajar en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependiente de la Dirección General de Urgencias y Medicina Legal.
Allí trabajó durante tres años todos los fines de semana hasta que en mayo de 2004 fue separado del cargo de manera injustificada alegando que, al ser trabajador de confianza el gobierno del DF, entonces encabezado por López Obrador, podía rescindir su contrato en cualquier momento.
Sin embargo, González Ramos afirma que sus funciones no eran de un trabajador de confianza, pues cuando un paramédico atendía una urgencia ocurrida en la vía pública y debe buscar un hospital donde puedan recibir al paciente, el Centro Regulador realiza una búsqueda rápida para indicarle a qué hospital pueden atenderle.
“Yo tenía gente a mi cargo, daba indicaciones, a veces iba yo personalmente a los hospitales para cerciorarme de que, efectivamente, no existan los recursos cuando nos negaban la atención, porque había hospitales que llegaban a mentir para no dar el servicio”, relata.
Por ello, decidió demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) a la Secretaría de Salud y exigió ser reinstalado, así como el pago de sus salarios caídos.
“Ha sido realmente un calvario, mil vueltas a conciliación y arbitraje, nuevas citas, venga tal día, venga otro día, todo esto la verdad me ha afectado mucho por estar pidiendo permisos en mi trabajo actual pues los desplazamientos son muy largos, costosos y, de alguna manera, se ha afectado mi patrimonio, sobre todo. Los primeros años en los que no lograba conseguir trabajo tuve que solicitar préstamos”, expone en entrevista para Proceso.
