El gobierno de México rechazó el informe del comité de desapariciones forzadas de la organización de las Naciones Unidas por omitir los avances del país contra las desapariciones forzadas desde el 2018.
*Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron de tendencioso el informe por no considerar las actualizaciones presentadas por el Gobierno de México
CIUDAD DE MEXICO.- El gobierno de México rechazó el informe del comité de desapariciones forzadas de la organización de las Naciones Unidas por omitir los avances del país contra las desapariciones forzadas desde el 2018.
A través de un comunicado conjunto, la secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, calificaron de “tendencioso” el informe por no considerar las actualizaciones presentadas por el Gobierno de México.
México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025, exponen.
Por primera vez en la historia, la@ONU_esactivó su máxima alarma internacional por desapariciones forzadas. No fue contra una dictadura militar. No fue contra un régimen totalitario. Fue contra México. 132 mil personas desaparecidas. 72 mil cuerpos en morgues sin nombre. 5 mil fosas clandestinas. 0.56% de condenas. Un país que rompió todos los récords que nadie quiere romper. El mecanismo que se activó lleva 16 años existiendo y nunca se había usado. Para llegar a él, los expertos de la ONU tuvieron que encontrar algo muy específico: un patrón. No accidentes aislados, no casos sueltos — un ataque sistemático y generalizado contra población civil con aquiescencia del Estado. Eso tiene nombre en el derecho internacional: crimen de lesa humanidad. Y cuando el gobierno respondió diciendo “son los criminales, no nosotros”, la ONU contestó con el Estatuto de Roma en la mano: no importa quién jala el gatillo, importa quién mira para otro lado sabiendo lo que pasa. La respuesta oficial fue llamar “tendencioso” al informe y señalar a Calderón. Mientras tanto, las únicas herramientas técnicas que existían para identificar a los muertos — el Mecanismo Forense, el Banco de Datos, el Centro Nacional de Identificación — fueron desmanteladas silenciosamente durante este sexenio, antes de funcionar. Las 132 mil familias que salen cada mañana a buscar a alguien no necesitan que su gobierno gane una discusión en redes. Necesitan que el Estado haga lo único que les prometió: encontrarlos.
El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.
“Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, afirmaron.
México enfrenta una crisis de desapariciones que no da tregua. En los primeros 17 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, más de 50 mil personas han sido reportadas como desaparecidas: un promedio de 91 al día, la cifra más alta desde 2006. El número ya supera el total registrado en todo el sexenio de Felipe Calderón y marca el ritmo más alto de los últimos cuatro gobiernos. Aunque más de 32 mil personas han sido localizadas, aún hay 17,719 sin rastro. Especialistas advierten posibles fallas, e incluso reclasificación de delitos, en la forma en que las fiscalías registran estos casos. A esto se suma una crisis forense: miles de cuerpos sin identificar y falta de recursos para su análisis. Colectivos de búsqueda y familias cuestionan las cifras oficiales y denuncian que más que ocultar, se está negando la dimensión del problema.
Aclararon que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y que en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada.
4,500 fosas con 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos + 72,000 no identificados, dice el CED de la ONU.
Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, señalan.
Lamentaron que el Comité haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.
Editor86
