Según un informe de México Evalúa, la desconfianza, la burocracia y el mal trato institucional alimentan la cifra negra, mientras las fiscalías recurren al archivo y al no ejercicio penal como salidas recurrentes.
De cada mil delitos que se cometen en México, solo 70 se denuncian; de ese total, 65 se convierten en una carpeta de investigación; y de esas carpetas, sólo siete concluyen con una solución satisfactoria, ya sea con una sentencia al infractor, con la reparación del daño o con una medida alternativa de solución de controversias.
Esa es la situación actual del sistema de justicia penal en México, de acuerdo con la “Radiografía de la Impunidad”, un informe lanzado este martes por la organización México Evalúa, el cual concluye que la impunidad no se explica únicamente por la baja proporción de sentencias, sino por pérdidas sistemáticas de casos a lo largo del proceso judicial.
Según el estudio, 93.25 por ciento de los delitos cometidos en 2024 no se denunciaron formalmente ante las fiscalías.
Esta cifra negra es la quinta más alta desde 2010 y está muy próxima al récord que ostenta el año 2013, cuando el indicador llegó a 93.8 por ciento.
La cifra oculta en México es más alta que la que se reporta en Colombia (77%), un país con problemas de violencia e inseguridad equiparables a los de México.
También es superior al 62% que se vive en Reino Unido y al 52% de Estados Unidos.
El 63% de los mexicanos que son víctimas de algún delito no denuncian por razones directamente atribuibles al desempeño institucional, tales como pérdida de tiempo (34.6%), desconfianza en la autoridad (14%), por implicar trámites largos y complicados (10.1%) y la actitud hostil de los funcionarios públicos (3.3%).
Entre las pocas denuncias que se presentan, la mayor parte terminan empantanadas, según la radiografía de México Evalúa, porque las autoridades abusan de figuras como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal que, aunque están legalmente previstas...
“Concentran una parte sustantiva de las salidas del sistema sin generar consecuencias jurídicas efectivas, lo que convierte al rezago acumulado en un mecanismo estructural de impunidad”.
