VAN POR AGENTES ADUANALES Y MILITARES
*Alistan solicitar 200 órdenes de aprehensión que se cumplirán los próximos días; una de ellas es contra el panista Ernesto Ruffo Appel, dueño de la comercializadora Ingemar vinculada con el megadecomiso en Coahuila.
CIUDAD DE MEXICO. (Agencias).- La Agencia Nacional de Aduanas de México y la FGR tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas de todo el país, por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, que durante varios años ha permitido el contrabando de combustible desde varias partes del mundo hacia México.
Los empleados de las aduanas que serán vinculados a proceso no solo son civiles, también hay personal militar, así como empresarios, entre los que destaca el exgobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel.
Algunas de las solicitudes ya fueron giradas, y otras serán otorgadas por jueces en los próximos meses, aunque por el sigilo de la investigación, no todas serán anunciadas públicamente.
El Ingemar nació en 2018, y se registró como una empresa que se dedicaría a relaciones públicas, a la construcción, compra de terrenos y de bienes raíces, pero que de manera sorpresiva, el 11 de abril de 2019, solicitó la modificación del objeto de la sociedad para entrar al mercado de hidrocarburos, incluyendo actividades como servicios de almacenamiento, petrolíferos y petroquímicos; compra, venta, importación y exportación de hidrocarburos; vigilancia y custodia de hidrocarburos, y para ser contratista del gobierno federal y locales, entre otras actividades.
El dueño de la empresa, José Merino Valdés Cuervo, incluyó a Ruffo Appel como socio mayoritario en octubre de 2021, y dos años después lograron obtener un permiso del gobierno federal para la importación de 500 millones de litros de gasolinas magna y premium, así como diesel, pese a que, hasta entonces, la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador había mantenido congelados más de 8 mil permisos de hidrocarburos.
Tras el aseguramiento de los carrostanque de Ingemar que trasladaban huachicol, Ruffo Appel se deslindó de responsabilidades y aseguró estar listo por si era requerido por las autoridades.
E pasado 24 de julio, en la que sostuvo que dejaría a disposición del gobierno federal toda la información respecto a la actividad que ha sostenido Ingemar a lo largo de los últimos años, en cuanto le sea solicitada.
¿Tiene la conciencia tranquila?, se le preguntó.
“Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, declaró.
El empresario aseguró que Ingemar no tiene responsabilidad alguna en el tráfico de huachicol e incluso acusó a los comercializadores, que operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías.
Ruffo Appel señaló que la comercializadora con la que trabaja Ingemar es Crismón Hidrocarburos y Derivados; afirmó que les fue consignada directamente por el gobierno federal, por lo que la colaboración directa no fue su decisión:
“Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía”.
“Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora”, expresó.
Colusión al más alto nivel
De acuerdo con las investigaciones, el huachicol fiscal se ha fortalecido en México debido a que la colusión para cometer dicho delito se ha dado al más alto nivel.
Lo anterior quedó confirmado ayer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la captura del vicealmirante de la Secretaría de Marina Manuel Farías Laguna por contrabando, y de otros funcionarios.
Los agentes y funcionarios aduanales reportan el ingreso de aditivos para aceites, sosa cáustica y nitratos mediante mecanismos restringidos y contrabando técnico, pero en realidad lo que entra al país son millones de litros de combustible.
De esta forma, los buques o trenes han logrado ingresar a México sin pagar impuestos, a cambio de cantidades millonarias de dinero en sobornos para los agentes aduanales.
Las extravagantes cantidades de dinero que se mueven son las que llamaron la atención de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En todos los casos, los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que se transportaban aditivos para aceites lubricantes, desperdicio de combustible, aceite quemado de baja calidad, aditivos para aceites, sosa cáustica y nitratos.
La reiterada aparición de reportes con el ingreso de desechos, que en realidad eran huachicol, llamó la atención de agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos, así como de las autoridades federales mexicanas, motivo por el que desde septiembre de 2020 las 49 aduanas en puertos y aeropuertos del país quedaron bajo custodia de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Aunque uno de los objetivos fue evitar la corrupción y el tráfico de drogas, el gobierno federal detectó un aumento en el contrabando de huachicol, por lo cual desde abril de 2025 inició un operativo para la detección de combustible ilícito en al menos seis aduanas del norte.
Los puntos de control, que cuentan con apoyo de la Guardia Nacional, fueron instalados de manera aleatoria en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas; en Nogales y Sonoyta, Sonora; y en Mexicali y Tijuana, Baja California.
Reportes oficiales indican que entre el 31 de enero y el 16 de marzo de 2025 entraron 10 buques tanque a los muelles del puerto comercial de Tampico para descargar combustible de manera ilegal.
El ejercicio se repetía dos veces por semana, lo que generó ganancias por miles de millones de dólares a empresas e integrantes del crimen organizado, dedicadas a la cadena de suministro de huachicol.
Las comercializadoras, los distribuidores y los importadores también están en la mira de la FGR.
Sus permisos las facultan para la compraventa, distribución y suministro de combustibles líquidos y derivados de hidrocarburos, a consumidores finales u otros distribuidores.
Su función es asegurar que el combustible llegue desde las refinerías o plantas de procesamiento hasta los puntos de venta y los consumidores directos.
De acuerdo con cifras oficiales, del 8 de mayo de 2015 al 20 de junio de 2024, la recién extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) admitió a trámite un total de 983 solicitudes de permiso de comercialización de hidrocarburos.
