*La Familia Michoacana controlaba mercados clave imponiendo sobreprecios y extorsiones.
*Tras el Operativo Liberación se detuvieron 8 objetivos prioritarios, incluida una regidora. Aseguraron 63 establecimientos de construcción, granjas y rastros
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).– La Nueva Familia Michoacana, como la identifica el gobierno estadunidense, ha logrado edificar un emporio financiero alterno basado en un complejo mercado paralelo de insumos, mediante el control de diversos sectores que van desde los materiales de construcción hasta los productos básicos.
En octubre de 2022, mediante diversas denuncias, este medio evidenció que el grupo criminal, controlado por los hermanos Jonnhy el Pez y José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, eliminó la libre competencia, fija precios, controla el mercado y establece cuotas en al menos 35 municipios sureños: nueve en Guerrero y 26 en el Estado de México.
Por ahora, el operativo Liberación apenas alcanzó 14 localidades en el territorio mexiquense, con una población global de casi un millón de habitantes: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.
También develó que el entramado operativo además emplea el brazo ejecutor de sindicatos como el Libertad y Bradosva, encargados específicos por sector y región, en colusión, complicidad y hasta participación de autoridades municipales.
Engranes
Durante el dispositivo fue detenida Yareli “N”, regidora en funciones en el ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, a quien la autoridad judicial estableció prisión preventiva justificada durante la audiencia de formulación de imputación, investigada por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
La denuncia en su contra refiere que en abril de 2025 habría participado en la privación de la libertad de un comerciante del municipio, a quien se trasladó a la habitación de un hotel donde supuestamente le exigió una suma económica a cambio de permitirle seguir con sus actividades comerciales y, en caso de negarse, “le haría daño a él o a su familia”.
El fiscal mexiquense, José Luis Cervantes, expuso que la edil además es prima de Alicia “N”, otra de las detenidas, presunta encargada de la contabilidad y operaciones financieras de los materiales de construcción en la zona, quien habría obligado a los clientes de los establecimientos a adquirir los productos a sobreprecio y, en caso de no acceder, los amenazaba con que “los levantarían o hasta los matarían”.
Se encargaba de persuadir a los clientes –planteó la dependencia– y para ello los alojaba en un hotel que ella administraba; para acreditar su relación con los grupos criminales, en tanto los convencía les mostraba sus caballerizas que alojaban más de 50 equinos de alto registro y que se presume pertenecían a los líderes del grupo delictivo.
También fueron detenidos Eli “N”, dueño de una casa de materiales en Valle de Bravo, único autorizado por el grupo criminal para su venta en la región; “es decir, nadie construía nada si el material no era comprado en su empresa al precio que él imponía”.
Gonzalo “N”, supuesto líder del Sindicato Bradosva, “único autorizado para “mover” los materiales, indagado por el delito de extorsión agravada, pues cuando algún particular o constructora independiente intentaban trasladar materiales de construcción en vehículos ajenos al sindicato, exigía a los choferes y responsables fuertes sumas de dinero a cambio de no “quemar o tirar” su obra, incluso los llegó a privar de su libertad”.
Jorge “N”, pareja sentimental de Alicia “N”, era líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo; “no se podía alquilar o vender un solo polín o tablas sin que fueran comercializados por él, esto incluía maderas finas para interiores de cabañas y fincas de la región”.
Otro de los detenidos, José Fernando “N” es identificado como el encargado de coordinar la venta de productos maderables en la región Ixtapan de la Sal y de la logística de los operadores de servicio público taxi. Por esta razón, durante el operativo, fueron los taxistas de la región quienes bloquearon las vialidades del municipio como mecanismo de presión a las autoridades.
De igual manera se detuvo a Antonio “N”, presunto encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán.
Finalmente, Alejandro “N” fue capturado el 22 de julio en Quintana Roo; se le identifica como encargado de la venta de pollo a comerciantes de Ixtapan de la Sal.
En la irrupción paralela, las autoridades aseguraron 63 inmuebles: 24 casas de materiales, seis minas, tres carnicerías, tres granjas de pollos, dos expendios de aceros y perfiles, dos madererías, dos oficinas sindicales, dos vidrierías, un criadero de cerdos, un local de paquetería, un rastro, un rancho, un hotel, un expendio de huevo, otro de frijol, flor y alimento para peces, y una báscula.
SOBREPRECIOS
Cervantes Martínez indicó que en la Operación Liberación se “investiga la coacción que ejercen grupos criminales o individuos a través de unidades económicas, al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios, en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo”.
Con este “modus operandi”, que comenzó a evidenciarse hace alrededor de ocho años a partir de las primeras denuncias formales por extorsión, se encontró que “las organizaciones criminales someten a personas y en ocasiones a comunidades enteras a un esquema de mercado marcado por el abuso y la amenaza, y que se enfoca a aspectos muy precisos de la actividad económica de la región”.
El común denominador es el excesivo incremento de precios sobre productos que los pobladores no pueden adquirir en establecimientos directos porque son acaparados por el grupo criminal.
La Fiscalía mexiquense realizó un comparativo del costo de algunos productos en los municipios revisados, y los contrastó con los establecidos en Toluca, la capital mexiquense.
En el caso de los materiales para construcción, encontró que los sobrecostos llegan a 144.15% para el kilo de alambrón en Valle de Bravo.
El alambre retorcido y el millar de block rebasaban, en promedio, el sobreprecio de 100% en las 14 demarcaciones, mientras el resto de los materiales también se encuentran sobrevaluados.
El vidrio, el aluminio y los aceros eran controlados bajo el mismo esquema: puertas, ventanas, canceles, tubulares, láminas, perfiles para marcos de puertas y las cajas de electrodos costaban hasta 80% más que en el mercado.
Este impuesto alterno además alcanza la canasta básica.
El pollo, en general, llega a costar hasta 140% más, como en Sultepec, e incluso el retazo se vuelve un artículo suntuoso al llegar a 118 pesos en Ixtapan de la Sal (375% de sobreprecio), mientras en Toluca se adquiere en 25.
Las autoridades ministeriales también detectaron sobrecostos en las carnes de res y de cerdo, que van de 5.13 en Texcaltitlán con el kilo de maciza a 47.06% con el kilo de costilla en Sultepec.
ENTRAMADO OPERATIVO
Las investigaciones de la Fiscalía plantean que, para controlar el sector de la construcción, la organización criminal disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó organizaciones como el “Sindicato Libertad” y el “Sindicato Bradosva”, encargados de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcaltitlán, entre otros.
Ambos, el día del Operativo Liberación, movilizaron a sus camioneros para cerrar las carreteras de la zona como método de presión para recuperar la libertad de los detenidos, los inmuebles y mercancías aseguradas.
Mediante estas organizaciones, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos, controlaba los precios y el transporte de grava, arena, varilla, cemento, mortero, yeso y demás productos utilizados para el giro de construcción.
En Valle de Bravo los comerciantes eran obligados a adquirir materiales a través del Sindicato Bradosva y las casas de materiales “Jimex”, propiedad de Eli “N”; “Construrama” y “Aceros Arriaga”.
Presuntamente, “Jimex” extrae materiales de la mina “San Francisco”, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, ubicada en el municipio de Temascaltepec.
Quienes adquirieran material en lugares no autorizados o utilizaran servicios de transporte diferentes, eran despojados de la mercancía, y los operadores de los vehículos de carga eran golpeados.
De las investigaciones de la Fiscalía se desprende que esta organización también operaba en Texcaltitlán a través de la distribuidora “Tixca”, lugar en donde se comercializaba el producto de construcción que era trasladado desde Valle de Bravo.
El Sindicato Libertad, por su parte, operaba en los municipios de Villa de Allende y Donato Guerra.
Quienes quisieran comprar algún material tenían que acudir a sus oficinas, en donde les entregaban un “vale” que era canjeado en lugares “autorizados”.
El material era trasladado desde las minas “San Juan”, “Michoacana”, “Nieto” y “Velázquez” ubicadas en el municipio de Donato Guerra.
