*Cobro de piso se ha vuelto un impuesto criminal que domina toda la cadena productiva en Michoacán; quien se niega es plagiado o asesinado.
MORELIA. Mich. (Agencia).- El miedo se ha quedado a vivir a la sombra de los árboles de limón de Michoacán.
Este fruto -indispensable en la comida que se sirve en cada calle del país- es un botín secuestrado por el crimen organizado, que exige cuotas cada vez más altas a sus productores para poder cultivarlo.
Editor86
Con la entrada de nuevos grupos al territorio, como el Cartel Jalisco Nueva Generación, los pagos suben y asfixian al campo, ya golpeado por los precios del mercado nacional.
El último agricultor que se atrevió a desafiar al régimen del terror al denunciar el negocio de extorsión, Bernardo Bravo, fue hallado asesinado con un disparo en la cabeza, a pocos kilómetros de Apatzingán.
Su muerte es una orden de plomo para guardar silencio y sembrar miedo en la tierra que cultivan los limoneros, tantas veces salpicada de sangre de activistas y campesinos.
En Apatzingán todos callan.
Nadie se atreve a hablar de los cobros de cuatro pesos por cada kilo de limón que cosechan, una cuota que se ha doblado en poco tiempo.
Tampoco de las amenazas de muerte, de los asesinatos que han sufrido las familias de productores, ni del abandono de las autoridades que les han dejado a su suerte ante la violencia y la inseguridad.
Solo bajo un nombre inventado, el agricultor Antonio Mendoza cuenta, pese a las súplicas de su esposa para que no hable, que todos sus compañeros han hecho un pacto de silencio que durará hasta que amaine la tensión que reina en los municipios limoneros.
“Todos tenemos miedo y no queremos hablar ahorita.
Tenemos que pensar con la cabeza fría y ver qué vamos a hacer”, deja escapar, preocupado por el futuro de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que presidía Bravo y que había conseguido organizar a los agricultores amenazados para darles valor para enfrentarse al crimen organizado.
Cuando Bravo recibió el disparo que acabó con su vida, estaba en el momento más álgido de su rol como activista.
Solo unos días antes de morir, había convocado una manifestación masiva de agricultores en las que tiraron cajas de limón en las calles para protestar por los bajos precios.
Había conseguido organizar a los jornaleros para solo cortar limón tres días a la semana en un intento de controlar la oferta.
También había demandado a las autoridades acuerdos con proveedores de agua y electricidad para aliviar las deudas de los dueños de los campos.
Su voz, cada vez más envalentonada y segura, le llevo a señalar también las amenazas constantes de los carteles de Tierra Caliente.
Desde el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, Julio Franco explica que los agricultores están sufriendo una mutación de las violencias.
“Es más sencillo extorsionar que el negocio de la droga.
“No necesitas precursores, ni laboratorios, ni cruzarlo por la frontera”.
“Impones el miedo y es productivo”, señala.
El rendimiento de este próspero negocio ha llevado a los criminales a expandirlo a todo el mercado de necesidades básicas.
Ya no es solo el limón, si vendes tortillas, huevo, leche o también alcohol o las frituras también tienes que pagar.
A cambio, prometen rellenar el hueco que ha dejado el Estado e impartir justicia.
“En tierra caliente el orden es un orden criminal”.
“Aquí es frecuente oír decir: si no te soluciona la autoridad, busca solución en el cerro”, apunta Franco sobre las montañas en las que se esconden los grupos armados.
