*Mientras otros países buscan lograr un acuerdo antes del 9 de julio para evitar los “aranceles recíprocos”, el gobierno mexicano intenta reducir el impuesto al acero y el aluminio
MIAMI. (Agencias).- Este 9 de julio vence el plazo que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a una serie de países para lograr acuerdos comerciales y evitar los elevados aranceles recíprocos que anunció en abril pasado.
México no está en esa lista, pero sufre igualmente una guerra comercial declarada por Trump, sin cañones pero con impactos estructurales.
Desde el 4 de junio de 2025, sus exportaciones de acero y aluminio están sujetas a un arancel de 50% impuesto por la Casa Blanca bajo el argumento de “seguridad nacional” al amparo de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
México está trabajando para alcanzar un acuerdo que le permita mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.
Así, mientras algunos países negocian desde la línea de fuego de los aranceles masivos, México libra su batalla dentro del T-MEC, con el riesgo latente de que, si no hay acuerdo, se rompa no sólo el acceso, sino el equilibrio mismo del pacto comercial norteamericano.
México ha sostenido reuniones técnicas y diplomáticas con funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), pero sin firmar aún un acuerdo que garantice la permanencia de sus exportaciones sin castigos tarifarios.
La propuesta en la mesa consiste en establecer un sistema de cuotas anuales: México podría exportar un volumen predeterminado de acero —equivalente a 88% de sus envíos de 2023— con un arancel reducido o nulo, mientras que todo lo que exceda esa cuota pagaría 50%.
Los detalles aún se negocian, incluyendo si el nivel base dentro de la cuota será de 0%, 5% o 10%.
Fuentes cercanas al proceso dicen que el acuerdo está “muy avanzado”, pero no cerrado.
Desde principios de junio, el gobierno mexicano ha implementado mecanismos defensivos; nuevas licencias para importaciones sensibles, controles antidumping en textiles, acero y muebles y precios de referencia para detectar subvaluaciones.
Sin embargo, no se han anunciado medidas espejo contra productos estadounidenses, al menos por ahora.
“La estrategia es clara, ganar tiempo, preservar la relación bilateral, evitar escaladas y mantener abiertos los canales diplomáticos”, comenta a este diario el economista Iván Jiménez; sin embargo, si no hay acuerdo, México no descarta recurrir a paneles de solución de controversias en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual implicaría un conflicto formal con su principal socio comercial.
Los analistas más influyentes de EU comienzan a lanzar advertencias claras sobre lo que podría suceder si México no logra alcanzar un acuerdo con Washington pronto.
Las proyecciones no son un secreto:
“Los efectos de los aranceles ya en vigor sobre el acero y el aluminio mexicano podrían extenderse a otras industrias clave, afectando no sólo a la economía mexicana sino también al propio sector productivo de Estados Unidos, fuertemente entrelazado con las exportaciones de su principal socio comercial”, comenta Jiménez.
Desde el Atlantic Council, el experto en economía internacional Jason Marczak fue categórico al señalar que “la implementación de estos aranceles, más tarde o más temprano debilitará al peso mexicano y la economía del país. Las exportaciones podrían caer más de 10% y la contracción del producto interno bruto (PIB) podría llegar hasta 4%”.
Ello tendría un impacto inmediato sobre el empleo, el consumo interno, la inversión extranjera y la estabilidad social en México.
Para Marczak, además, los efectos podrían rebotar directamente en las industrias estadounidenses que dependen de insumos y productos intermedios fabricados en territorio mexicano.
Desde la perspectiva fiscal, el economista Torsten Slok, de Apollo Global Management, reconoció en entrevista con The New York Post que “la aproximación de Trump podría incrementar los ingresos del gobierno federal al tiempo que reduce la incertidumbre comercial. Podría estabilizar los mercados y aumentar la recaudación impositiva en hasta 400 mil millones de dólares anuales sin subir impuestos internos”.
Sin embargo, incluso este beneficio potencial encuentra límites si los socios comerciales más relevantes, como México, optan por romper cadenas de suministro y desviar inversiones hacia otras regiones.
La eficiencia fiscal no compensa, en este caso, el desmantelamiento de un ecosistema económico que ha sido construido durante décadas.
En términos más estructurales, un informe del centro Charles Roé subraya que “el uso de aranceles de emergencia para presionar a aliados comerciales estratégicos como México puede dañar de forma irreversible el diseño del T-MEC y colocar en entredicho la certidumbre jurídica que hace posible la inversión transfronteriza”.
Lo que aquí se discute no es sólo una medida económica puntual, sino la sostenibilidad misma del acuerdo que sustituyó al TLCAN y que prometía una nueva era de integración regional.
Si ese acuerdo se percibe como vulnerable a decisiones ejecutivas unilaterales, perderá su valor como marco protector ante el riesgo.
Mientras los gobiernos debaten, las repercusiones se sienten en la economía real.
Las cadenas de producción que cruzan fronteras están en crisis.
General Motors ha tenido que ajustar calendarios en sus plantas de Coahuila y Ohio.
Whirlpool ha registrado retrasos en insumos clave.
Home Depot y Best Buy reportan aumentos en precios de herramientas y electrodomésticos, y cadenas de construcción alertan por alzas en materiales básicos como varilla, tubería y cemento.
La Federación Nacional de Ventas al Menudeo (NRF) calcula que los nuevos aranceles podrían añadir hasta 1.2% a la inflación en EU en el último trimestre del año.
El dólar ha sufrido su peor semestre desde la crisis del petróleo en 1973, mientras el índice ISM manufacturero se mantiene en zona de contracción (49.0%) por cuarto mes consecutivo.
La Reserva Federal ha reconocido que el entorno comercial ha postergado los recortes de tasas previstos para junio y julio, y que podrían esperar hasta septiembre para ajustar la política monetaria.
