*En el país se han producido múltiples ataques generalizados contra la población civil, señalan
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- En un hecho sin precedentes, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) anunció el pasado 2 de abril su decisión de solicitar al Secretario General a la ONU, António Guterres, llevar a la Asamblea General el tema de las desapariciones forzadas en el País.
Editor86
La decisión de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, luego de que el Comité concluyera que la información recibida parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con su evaluación, en el País se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes zonas.
"Basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el País requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
"Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos", indicó la ONU en un comunicado fechado el 2 de abril.
El procedimiento, aclaró, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, mas no de establecer la responsabilidad penal individual.
La decisión del Comité fue adoptada con base en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano a la solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al País en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.
"El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el País, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos humanos no identificados.
"En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al País en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles.
Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas", indicó.
El 9 de abril, tras la respuesta de México de que el Gobierno federal no lleva a cabo desapariciones forzadas, sino que son perpetradas por los cárteles, el Comité precisó que las circunstancias que definen este delito aplican también a personas vinculadas a la delincuencia organizada, en tanto actúen con la complicidad u omisión de una autoridad estatal, y defendió su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional.
"Las circunstancias contempladas en el artículo 2, se aplican, entre otras cosas, a los denominados grupos paramilitares, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal", refirió.
El organismo también recordó que el artículo 5 de la Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad conforme al derecho internacional, y citó el Estatuto de Roma -del que México es parte- para subrayar que dicho delito puede ser perpetrado por...
"Un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia".
Luego de que se diera a conocer la solicitud del CED, el Gobierno de México respondió a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, fechado el 2 de abril, en el que rechazó el informe por considerarlo "tendencioso" y por no haber tomado en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
Argumentó que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de forma generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, circunstancias que, sostiene el gobierno, "no corresponden a la realidad del México actual".
El comunicado señaló que el informe refiere principalmente hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a cuatro estados.
Destacó, además, que el propio CED reconoció que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El Gobierno también cuestionó "la falta de rigor jurídico" en la argumentación del Comité, así como conflictos de interés de algunos de sus integrantes, señalando que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que presentaron quejas contra el Estado mexicano.
El País, entre las autocracias más recientes
México se sumó a países considerados como "autócratas", pues desde la Presidencia de la República también se controla al Poder Legislativo y Judicial, existe censura y ataque a las organizaciones civiles que difieren de la 4T.
Así lo advierte el Instituto V-Dem, perteneciente a la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en su informe sobre la democracia en el 2026: "¿Desmoronando la era democrática?".
"México es un caso singular de autocratización impulsada por la izquierda durante la 'tercera ola' política.
El giro autocrático se produjo tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
"Morena controla actualmente el Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Poder Legislativo.
Además, impulsó una reforma para realizar elecciones para el Poder Judicial, politizando así los tribunales.
Morena ganó una segunda vuelta y Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia en 2024.
México es una autocracia electoral desde 2024", sostiene el reporte.
