*700 FUNCIONARIOS COBRABAN DOS Y HASTA TRES SUELDOS
PACHUCA, HGO. (Agencias).- Alrededor de 500 millones de pesos anuales fueron erogados de manera indebida para cubrir pagos a 700 trabajadores del sector educativo que mantenían doble o incluso triple salario entre la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y diversas administraciones municipales.
Así lo informó el contralor estatal, Álvaro Bardales, quien calificó el hallazgo como una práctica ilegal y reiterada.
De acuerdo con la revisión, los involucrados tenían una plaza dentro de la SEPH y, simultáneamente, ocupaban cargos públicos como asambleístas, titulares de los sistemas DIF o funcionarios municipales.
En varios casos, los servidores públicos recibían dos o tres sueldos de manera paralela, sin haber solicitado la carta de compatibilidad laboral que exige la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Bardales explicó que estos pagos se realizaron “de manera engañosa”, ya que la normatividad prohíbe que un servidor público perciba múltiples remuneraciones sin un dictamen que garantice que ambos empleos no interfieren entre sí.
Subrayó que las alcaldías trataron de justificar la duplicidad alegando desconocimiento del procedimiento, pero aseguró que ya fueron notificadas formalmente y que no existe argumento válido para mantener estas prácticas.
El contralor también reveló cinco casos graves: tres titulares del DIF municipal y dos asambleístas que cobraban salarios superiores al del gobernador, es decir, más de 66 mil pesos mensuales, además de su ingreso en el sector educativo.
Aunque no se tipifica como fraude, afirmó que se trata de un acto ilegal y que constituye un engaño deliberado.
Durante las verificaciones, algunos asambleístas argumentaron que buscaban ajustar los horarios de cabildo para cumplir con ambas funciones; no obstante, los demás regidores rechazaron modificar las sesiones para beneficiar a quienes tenían doble plaza.
Otros funcionarios aseguraron que las reuniones se realizaban por la mañana, pero la Contraloría constató que eso ocurrió solo en una ocasión.
Bardales destacó que los 500 millones de pesos involucrados forman parte de recursos públicos que debieron destinarse a trabajadores que cumplieran plenamente con sus responsabilidades laborales.
Advirtió que los pagos indebidos deben suspenderse de inmediato, y adelantó que las alcaldías que persistan en estas prácticas serán sujetas a sanciones.
Finalmente, el contralor afirmó que el caso continuará bajo investigación para determinar responsabilidades administrativas y evitar que esta red de duplicidad salarial vuelva a reproducirse en el sector público del estado.
