*Familias y colectivos exigieron al Gobierno transparentar la depuración del registro de desaparecidos y corregir expedientes incompletos.
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- Las familias y colectivos dedicados a la búsqueda de personas pidieron al Gobierno federal que transparente la metodología sobre la depuración de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al tiempo de exigir que se corrijan los expedientes reportados como incompletos.
Afirmaron que el número de expedientes no equivale al número de personas desaparecidas, por lo que no debe utilizarse para minimizar la magnitud de la desaparición de personas en México.
Editor86
“Manifestamos nuestra preocupación ante una actualización que privilegia la gestión administrativa sobre la realidad de las familias en territorio.
“A pesar de los discursos de cercanía, observamos con preocupación que continúan tomando decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas, siendo que el año pasado impulsamos un diálogo con la Secretaría de Gobernación para establecer una agenda amplia para la búsqueda, investigación, identificación y restitución de nuestros seres queridos”...
Señala un comunicado emitido por el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD.
El viernes, en Palacio Nacional, funcionarios del Gobierno federal presentaron cifras sobre las personas desaparecidas, estableciendo el número de 130 mil 178, en el periodo de 2026 a la fecha.
De esa cifra, se estableció que 46 mil 742 son expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad después de la desaparición, por lo que podrían estar vivas; y 43 mil 128 no tienen actividad, de los cuales 3 mil 869 están relacionados con carpetas de investigación.
Sobre ello, los colectivos y plataformas de búsqueda reclamaron que no se haya detallado la metodología de los datos presentados.
“El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito.
“Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”...
Alertaron sobre el criterio aplicado para separar expedientes.
