PUEBLA, PUE. (Agencias).- El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que ya fueron dados de baja cuatro mandos navales señalados por presunto huachicol fiscal, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
En la mañanera, el titular de la Semar confirmó que la separación del servicio activo ya fue ejecutada conforme a la legislación castrense.
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“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja.
“Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen quince días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades terminen”, dijo.
El funcionario precisó que en total cuatro elementos están vinculados con estas acusaciones.
“Son cuatro, están detenidos. Cuatro”, respondió.
El 19 de enero, la Secretaría de Marina había iniciado el procedimiento administrativo para dar de baja del servicio activo al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso desde septiembre en el penal del Altiplano, y que éste promovió un amparo para intentar frenar su separación.
El caso involucra a ese Vicealmirante, preso desde el dos de septiembre en el penal del Altiplano, acusado de encabezar una red dedicada al contrabando de combustibles y huachicol fiscal.
La Oficialía Mayor de la Semar inició el pasado 21 de octubre un procedimiento administrativo para darlo de baja del servicio activo.
El mando promovió un amparo contra esa decisión, el cual fue desechado el 18 de noviembre por notoria improcedencia.
Más tarde, el cinco de enero, interpuso una nueva demanda para impugnar específicamente su separación.
Su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, también acusado por estos hechos, enfrentó el mismo procedimiento administrativo, de acuerdo con la defensa, y está prófugo.
A ambos se les imputa encabezar una red de corrupción en aduanas que permitió el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.
Los abogados de los mandos navales habían sostenido que, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, mantienen vigentes sus derechos laborales y prestaciones, al invocar el principio de presunción de inocencia.
