Versión estenográfica del mensaje ofrecido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia prensa
Muy buenos días:
Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia en esta conferencia, así como a los titulares del Gabinete de Seguridad que nos acompañan:
Al fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero.
General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional.
Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina.
General Hernán Cortés Hernández, Comandante de la Guardia Nacional.
Editor86
Como parte de las acciones para garantizar la seguridad pública, disminuir la violencia en nuestro país y proteger a la ciudadanía, el día de ayer, en coordinación, cooperación y con pleno respeto a la soberanía, y reciprocidad internacional con el Gobierno de Estados Unidos, se concretó el traslado de 26 generadores de violencia, se acordó con el Departamento de Justicia de ese país a no solicitar la pena de muerte, ni para los 29 iniciales que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente.
Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país.
Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión orientada a la protección de la población de nuestro país.
Audio de "La Tuta" y "El Tío", hablan de Leonel Godoy Rangel En el audio, "El Tío" reclama a "La Tuta" la presencia de Godoy en reunión con militares. Entrega de 26 delincuentes por parte del gobierno mexicano a la administración de Trump. En especial, la de Servando Gómez, alias “La Tuta”, ex líder de Los Caballeros Templarios quien en su momento tuvo nexos con la clase política michoacana de todos los colores, y en especial con algunos que hoy están en activo y pertenecen al partido oficial. Quizá el capo acepte cooperar y hable de algunos políticos que le permitieron operar su negocio criminal.
Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos.
Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.
Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se preveía que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga.
Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas.
Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.
Es un acto de autoridad resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión.
Estas 26 personas, que se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos también, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y que, con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años.
Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos.
En esta acción participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.
Desde la Base Aérea Militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos:
• 8 a White Plains, en Nueva York
• 1 a John F. Kennedy, también en Nueva York
• 5 a San Diego, California
• 6 a Phoenix, Arizona
• 6 a Dulles, Virginia
Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos.
Actualmente, los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones.
Recordemos que el pasado mes de febrero se realizó el traslado de 29 líderes criminales hacia Estados Unidos, quienes a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones.
Por ejemplo, Miguel Ángel “N”, alias “Z-40”, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones.
En el caso de Oscar “N”, alias “Z-42”, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar dos de los mencionados.
Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal.
Por ello, estas acciones de traslado no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia.
Pero, también representan un acto de justicia y dignidad hacia las víctimas.
Con estas acciones reafirmamos que el Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y que la seguridad del pueblo de México es la prioridad.
Agradecemos al personal que participó en esta acción tan relevante, hombres y mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias.
