CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Con la finalidad de visibilizar los riesgos que representa la operación de la planta de amoniaco financiada por el consorcio PROMAN AG, de capital suizo y alemán, en la bahía de Ohuira de Topolobampo, Sinaloa, integrantes de comunidades indígenas yoremes y del colectivo ¡Aquí No! iniciaron una gira por Europa para concientizar sobre los daños sociales y ambientales que generaría en la región la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco.
En un comunicado, las comunidades indígenas y del colectivo ¡Aquí No!, informaron que una comisión de defensoras comunitarias y activistas se reunirán con organismos de derechos humanos, entidades financieras y organizaciones de la sociedad civil europeas como parte de la defensa del territorio indígena, que además cuenta con una clasificación internacional como sitio Ramsar, que obliga al Estado mexicano a preservar la bahía por su valor ambiental.
Tras señalar que la gira por Europa de liderazgos indígenas y comunitarios...
“Responde al agotamiento de las vías nacionales efectivas para la tutela plena”...
De sus derechos, los integrantes el colectivo y comunidades indígenas resaltaron que hay indicios de que se han violentado las normas ambientales aplicables, así como...
“Obligaciones en materia de derechos humanos, el acceso a la información y la participación pública”.
Alertaron que:
“A pesar de haber recurrido de manera sistemática a mecanismos legales, administrativos e institucionales en México”...
En la realización del proyecto habría...
“Incumplimientos a estándares internacionales vinculantes y de debida diligencia empresarial, particularmente aquellos relativos a salvaguardas ambientales y sociales que obligan tanto a actores públicos como privados, incluidas instituciones financieras que pudieran estar involucradas”.
Destacaron que exponer en el continente europeo las irregularidades sobre las que se construye la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, responde a...
“Un alto grado de organización comunitaria y en una estrategia integral, pacífica y legítima, orientada a la protección del territorio, los ecosistemas, la salud colectiva, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano a un medio ambiente sano”...
Establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales firmados por México.
Recordaron que el riesgo para el medio ambiente y la salud comunitaria ha sido ampliamente documentado por organismos de derechos humanos, medios de comunicación, así como expertos independientes y al menos una decena de Relatorías Especiales de Naciones Unidas, que han constatado que algunos de las personas defensoras realizan su labor en un “contexto de vulnerabilidad y riesgo”, tanto así que son beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tras destacar que los opositores a la planta de amoniaco continúan ejerciendo su derecho a la defensa legal, los activistas que integran el colectivo ¡Aquí No! y las comunidades indígenas yoremes hicieron un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a las empresas involucradas y a sus representantes legales para que:
“Se abstengan de cualquier acto de intimidación, hostigamiento y criminalización o presión indebida en contra de las personas defensoras del territorio”, y se garantice la seguridad e integridad de los defensores.
Así mismo se hizo un llamado para que se cumpla la normatividad ambiental, considerando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y que se transparenten...
“Los procesos de evaluación, autorización y financiamiento del proyecto garantizando el acceso a la información pública y la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas”.
Los activistas exigieron respeto a su lucha, que es...
“Legítima, pacífica y fundamentada en la protección del medio ambiente, la vida comunitaria y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.
Cabe recordar que comunidades indígenas de la bahía de Ohuira, grupos de pescadores, prestadores de servicios turísticos, académicos y ambientalistas mantienen una lucha de más de una década en contra de la construcción de la planta de amoniaco, a cargo del consorcio PROMAN-Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que en sus estudios de riesgo han reconocido que una fuga de amoniaco podría ser devastador para los habitantes que se encuentren a 45 kilómetros a la redonda de la planta.
El proyecto ha continuado a pesar de que las comunidades indígenas y los integrantes del colectivo “¡Aquí No!” han mantenido litigios prologados para evitar la consolidación y de que la situación es motivo de preocupación de varias relatorías de Naciones Unidas, como se advirtió en un pronunciamiento de septiembre del año pasado, del que Proceso dio cuenta.
