*La Suprema Corte de Justicia aceptó intervenir en el caso de huachicol fiscal por 21.5 millones de litros de diésel
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- La Suprema Corte de Justicia aceptó intervenir en el caso de huachicol fiscal por 21.5 millones de litros de diésel, con un costo calculado en 173 millones de pesos en impuestos, contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno, y que podría caerse por falta de coordinación entre dependencias.
La Corte deberá decidir si el SAT tiene legitimidad para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando, como lo hizo impugnando la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito que en noviembre pasado revocó la vinculación a proceso del empresario.
Editor
El Tribunal Colegiado argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no dio intervención en el caso a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que en 2022 asumió todas las funciones en materia aduanera que antes tenía el SAT.
“Someto a su consideración la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 86/2026 formulada por el Ministro Irving Espinosa Betanzo respecto del recurso de queja 39/2026 del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito.
“El tema es: ¿El Servicio de Administración Tributaria tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando o dicha facultad es exclusiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras la entrada en vigor de su reglamento interior?”...
Planteó el secretario de la Corte sobre la solicitud que los Ministros avalaron por unanimidad.
Aunque el SAT no está legitimado para solicitar la atracción, el pasado 2 de marzo el Ministro Irving Espinosa Betanzo hizo suya la petición que los Ministros avalaron por unanimidad.
De acuerdo con la denuncia, el dueño de Impulsora de Productos Sustentables sólo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el buque Atlantic Bay en 2019.
La acción causó daños al fisco por 173 millones de pesos, tanto por derechos no pagados por el importador como por impuestos (IEPS e IVA) no pagados por los consumidores del combustible que circuló en el mercado negro.
Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y se convirtió en la proveedora de Interjet, aunque para finales de 2021, ya le debía mil 191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
