Por Andrés Timoteo
SIEMPRE LO DIJERON
Aunque tardío, es pero es histórico el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que declaró culpable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y asesinato de la anciana Ernestina Ascensión Rosario en el municipio de Soledad Atzompa, en febrero del 2007.
La deliberación tardó dieciocho años en llegar, pero llegó y su peso no debe ser minimizado.
Y no tanto porque los gobiernos federal y estatal vayan a cumplir el veredicto sino porque confirma lo que siempre denunciaron aquellos que se ocuparon del caso a contracorriente del gobierno, que nunca tuvo la intención de procurarle justicia a la víctima y sus familiares.
Los activistas que se opusieron a la impunidad otorgada a los militares que atacaron a la anciana de 73 años y la dejaron moribunda en un terreno de la comunidad Tetlatzinga, siempre dijeron la verdad.
Hoy está claro que el Estado retorció la ley, manoseó los procesos forenses y judiciales, manipuló, coaccionó y amenazó a los familiares de doña Ernestina a la que también revictimizó soezmente al acusarla 'post mortem' de mentirosa, disvariante y demente senil cuando ella, agonizando, le contó a una de sus hijas que los soldados la habían agredido.
Hoy también debe reconocerse e incluso ofrecerles una disculpa pública a los que siempre le creyeron a la anciana y además dieron pruebas científicas de que efectivamente fue víctima de homicidio.
La voz más clara y que siempre se mantuvo diciendo la verdad a pesar de las amenazas y la represión oficiales fue la del médico legista Juan Pablo Mendizábal, el primero en practicar una autopsia al cadáver de la señora con la cual se comprobó lo que ella había denunciado.
El médico fue amenazado por el gobierno fidelista que le suspendió su plaza laboral, le canceló sus remuneraciones salariales e intentó encarcelarlo pero aún así no se retractó.
En aquel entonces también laboraba para el ayuntamiento de Orizaba y el entonces alcalde Juan Manuel Diez -quien hoy también lo es- lo despidió para presionarlo a que cambiará su reporte legista.
Mendizábal no se arrendó y siempre defendió la verdad forense que hoy, dieciocho años después, confirma la Coridh.
A él le deben una disculpa y el resarcimiento de sus emolumentos y derechos laborales que le despojaron por no mentir ni adherirse a la farsa gubernamental.
Hay dos luchadores sociales a los que también deberían ofrecer una disculpa pública 'post mortem' pues ya no están vivos, pero que hasta sus últimos días mantuvieron y defendieron sus denuncias por el caso de doña Ernestina Ascención.
Uno es Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), fallecido el 3 de abril de 2019 y otro Juan Carlos Mezhua, asesinado hace apenas un mes, el 23 de noviembre, y quien en el 2007 era secretario de Asuntos Indígenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Lo hizo en su etapa de luchador social en la cual también denunció los casos de otras mujeres indígenas y adultas mayores que fueron asesinadas en circunstancias idénticas en la misma región serrana, entre ellas Susana Xocua de Zongolica y Anastasia Coyohua de Los Reyes.
LOS CONFABULADOS
Si la sentencia de la Corte Interamericana es definitiva, inapelable y el gobierno mexicano está obligado a acatarla, entonces también hay culpables de las violaciones e incumplimientos legales que deberían ser llamados a cuentas porque también son culpables del homicidio de doña Ernestina Ascensión.
Son cómplices del asesinato por omisión y por acción deliberada.
Para empezar, el expresidente Felipe Calderón que impuso la tesis engañosa de que la señora había muerto de una "gastritis crónica mal atendida", su secretario de la Defensa, Guillermo Galván, su procurador Eduardo Medina y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
Este último hizo la faramalla de exhumar el cuerpo de la anciana y realizar una nueva autopsia para desmentir al médico Mendizábal y oficializar el embuste de la "gastritis crónica mal tratada".
Le mintió a todos y pervirtió la esencia de su cargo.
A nivel estatal son culpables el innombrable que gobernaba en ese tiempo -aunque ya no está, anda ardiendo-, su procurador Emeterio López, el subprocurador de Asuntos Indígenas, Rubén Mendiola y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Nohemí Quirasco.
Todos se confabularon contra doña Ernestina además de que ensuciaron sus encomiendas y los procedimientos legales.
Claro, ninguno será requerido ni mucho menos castigado.
El fallo de la Coridh quedará en mero dicho.
Nunca será acatado por el gobierno de Claudia Sheinbaum ni por el de Rocío Nahle, quienes sólo declararon que lo harán para salir al paso del cuestionamiento internacional.
A ninguna les mueve el afán de justicia ni la solidaridad de género.
Hace cinco años, en diciembre del 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe y líder moral de Sheinbaum y Nahle, anunció la reapertura del caso pero no lo cumplió.
Y el tabasqueño es tan mentiroso como su sucesora y la zacatecana.
*Envoyé depuis Paris, France.
