Por Andrés Timoteo
JONATHAN Y EDUARDO
Con lo sucedido hace cuatro años en la comunidad La Patrona, de Amatlán de los Reyes, es suficiente para acusar y procesar judicialmente al exgobernador Cuitláhuac García, a sus secretarios de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez y Cuauhtémoc Zúñiga, su sucesor, así como a mandos medios y policías además de a la titular de la Fiscalía General, Verónica Hernández.
Todos cometieron delitos graves, algunos de lesa humanidad por la ejecución extrajudicial de los hermanos Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar, de 14 y 15 años de edad, el 2 de julio del 2021 cuando un comando de agentes de Seguridad Pública estatal irrumpió en dicha población allanando viviendas sin órdenes de cateo y golpeando a sus moradores.
No era un 'operativo' contra el hampa sino para el saqueó de bienes, un hurto vulgar que fue una práctica común en la dependencia dirigida por el regiomontano Gutiérrez Maldonado.
En ese atropello asesinaron a los dos adolescentes que estaban afuera de una de las viviendas lavando la camioneta propiedad de un tío.
A pesar de que ninguno representaba un peligro los policías cuitlahuistas, estos los cosieron a balazos. Hay la versión ignominiosa de que lo hicieron por mera diversión.
Luego, los mismos agentes movieron los cuerpos para colocarlos en una posición que diera a entender que ambos habían atacado primero y hasta les 'sembraron' armas.
En pocas palabras, alteraron la escena del crimen para culpar a las víctimas de su propio homicidio.
A la par, desde la oficina del gobernante García Jiménez se giró la orden de tergiversar pesquisas, declaraciones y comunicados para criminalizar a los niños acusándolos de pertenecer a una "peligrosa banda del crimen organizado" y que los policías solo habían repelido su ataque.
No les cuajó, nadie se lo creyó y los mismos pobladores de La Patrona lo desmintieron. Los padres y demás familiares de Jonathan y Eduardo describieron el abuso al que fueron sometidos ellos y los niños baleados.
La organización humanitaria de Las Patronas también emitió un pronunciamiento acusando al gobierno estatal y en especial a la SSP de falsear los hechos para encubrir el asesinato de los adolescentes.
Entonces, Gutiérrez Maldonado y la Coordinación de Comunicación Social que encabezaba el analfabeta funcional, Iván Luna, cambiaron de estrategia y lanzaron comunicados afirmando que los niños fueron 'daños colaterales' -el término predilecto durante el sexenio calderonista- pues habían quedado en medio del fuego cruzado entre la policía y un grupo delincuencial.
Y se inventaron un culpable a modo, Gregorio Arenas, apodado "El Wester" quien era el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según que el fue quien iba huyendo de los policías y repeliendo a disparos el intento de detención.
Pero como son muy burdos se les cayó el bulo pues el tal "Wester" había sido capturado un año antes.
La misma SSP informó en su momento que la Fuerza Civil lo detuvo el 31 de mayo del 2024 en Cruz Tetela, Omealca.
¿Cómo pudo estar en La Patrona un año después si estaba en prisión? No fue cierto, lo quisieron usar como un inexistente 'chivo expiatorio'.
El 2 de julio pasado se cumplieron cuatro años de aquel crimen de lesa humanidad y nadie está acusado ni procesado judicialmente por el mismo a pesar de que son al menos quince los funcionarios cuitlahuistas implicados.
Los policías, responsables materiales, siguen libres y en activo dentro de la SSP.
La cúspide en la cadena de mando comenzando por el exgobernador Cuitláhuac García y sus secretarios Gutiérrez y Zúñiga -quien al llegar a la dependencia siguió encubriendo a su antecesor y a los agentes asesinos- también sigue gozando de impunidad.
TERREMOTO SILENTE
La fiscala Hernández nunca investigó nada, solo alteró y archivó las carpetas por lo que también es cómplice de ese crimen de lesa humanidad.
¿Alguien se acuerda quién era el titular de la Comisión de Atención a Víctimas? Quien fuese, nunca hizo nada por los niños ni atendió el reclamo de los deudos.
Y ríanse, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, hasta la fecha sigue "investigado" si se cometió algún abuso contra los niños masacrados a balazos.
Matzumoto ha guardado un silencio cómplice durante 48 meses.
Su última declaración sobre el caso la hizo en mayo del 2022 cuando aseguró: "ya está la queja en visitaduría, en elaboración de proyecto de recomendación, estamos digamos en las etapas finales".
Y ya pasaron tres años más sin que haya tal recomendación. Es tremenda la tal Namiko a la que algunos jocosos le endilgan el apodo de "el terremoto veracruzano", por su nombre de origen asiático parecido al de la fallecida conductora televisiva Sumiko Mitzuko que así se hacía llamar.
La diferencia es que Sumiko era buena persona.
En La Patrona, Matzumoto aplicó el mismo trato cómplice que al caso de los hermanos Jorge y Alberto Cortina también asesinados por la policía estatal el 20 de junio del 2024 en Totalco, Perote.
¡La 'terremoto' de los derechos humanos todavía no termina de indagar si hubo alguna violación contra las víctimas!
*Envoyé depuis Paris, France.
