Por Andrés Timoteo
ENSUCIAR AL PERIODISTA
El reportero Carlos Castro, asesinado a balazos la semana pasada, es culpable de su propia muerte, así lo deslizó el cabecilla de la Comisión de Protección -risas- a Periodistas, Oracio Barqueiro.
Es más, sugirió que el colega tal vez se dedicaba a actividades inconfesables para merecer que unos sicarios le dieran dieciséis tiros.
¿Cómo?
¿El comisionado para defender a los comunicadores criminalizando a la víctima más reciente?
Así como se escucha y lee.
En una entrevista armó un galimatías con la clara intención de sembrar la duda sobre el reportero asesinado.
“No puedo atreverme a decir que no fuese por su trabajo periodístico, pero la característica de la acción no es la de una ejecución por haber sido periodista; eso muestra otra cosa”, dijo.
¿Cómo la ven?
Este señor afirma que a los periodistas no los matan los criminales por ser periodistas.
Tal vez no conozca el concepto -seguramente no porque es muy limitado-, pero a eso se le llama revisionismo.
Es decir, cuando aviesamente se quiere reescribir los sucesos del pasado, aunque en este asunto los mismos hechos exhiben la engañifa.
Desde el sexenio duartista hasta el presente han sido asesinados 34 periodistas y de ellos sólo en dos casos hay dudas de que no intervino directamente la mafia:
en el de José Luis Gamboa Arenas sucedido el 10 de enero del 2022 en el puerto de Veracruz y cuyo trasfondo habría sido la disputa de una herencia.
El otro es el de Josué Othoniel Alejandre Gaytán, quien según la Fiscalía estatal se “suicidó” en su domicilio de Isla el 13 de febrero del año pasado.
O sea, en el 94 por ciento de esos 34 asesinatos estuvo la mano del crimen organizado ya sea por iniciativa propia o para prestar algún servicio a políticos y funcionarios.
Ergo, que el señor Barqueiro no quiera vender la especie de que el crimen organizado no mata periodistas por dedicarse a este oficio.
Por otro lado, este mismo burócrata culpa al periodista Carlos Castro por haber abandonado las medidas cautelares que durante unos meses le asignó la ociosa comisión.
Buscar responsabilizarlo de su propia suerte por no haberse reportado con ellos y suplicarles que lo metieran nuevamente al esquema de protección, que eso y nada es lo mismo.
Los colegas de Poza Rica cuentan otra historia.
Dicen que la Ceap lo mantuvo en vilo durante semanas antes de incluirlo al esquema de protección y al final solo dispusieron que una patrulla de la policía estatal hiciera rondines por su domicilio.
Ni siquiera le asignaron escolta ni ‘botón de pánico’ porque los desocupados comisionados decidieron desde sus oficinas de Jalapa que el nivel de riesgo era “muy bajo”.
Ajá, tan bajo que al poco tiempo lo acribillaron.
Castro se sintió indefenso, supo que el gobierno estatal no lo protegería y por eso decidió huir de Poza Rica.
No es un caso nuevo, durante el duartismo muchos salimos huyendo de Veracruz y hubo casos muy desafortunados de compañeros que por falta de recursos propios y apoyo de terceros para sostener su exilio en otras entidades, regresaron y también fueron asesinados.
Ahí está la hemeroteca, la historia.
NIVEL SICARIAL
Ahora el tal Barqueiro quiere contar una historia diferente para responsabilizar al reportero y exculparse él mismo y a su pandilla de esa omisión para cuidar al amenazado.
¿Entonces para que les pagan si no es para velar y estar al pendiente de los compañeros que están en riesgo?
En la Ceap hay al menos cinco áreas cuyo personal debió estar al tanto del colega -la secretaría general que regentea Tulio Moreno, y los departamentos de Denuncias e Investigación, Atención y Protección, Atención y Gestión, y Monitoreo y Previsión- y ninguna revisó la situación del reportero.
En esas cinco oficinas laboran unas treinta personas y absorben más de un millón de pesos mensuales en sueldos, pero ni así se ocuparon del caso y Castro fue dejado a su suerte.
Alguien debe investigar a la propia Ceap y a sus cabecillas Barqueiro y Moreno.
Ambos burócratas comparecerán ante el congreso local el 21 de enero y ahí deberían ser sometidos a interrogatorio por su omisión criminal.
Cabe agregar que no es la primera vez que Barqueiro pide excluir a una víctima de la lista de asesinatos por la labor periodística.
Lo mismo hizo con la reportera Avisack Douglas, muerta a tiros en mayo pasado en el sur del estado, todo con tal de quedar bien con la gobernante en turno -por eso en el gremio lo apodan “Barbeiro”, risas-.
El tipo no protege ni representa a los comunicadores sino a la zacatecana.
A ésta le sirve de sicario oficial para desacreditar a las víctimas, enlodarlas, criminalizarlas y respaldar, en su caso, tanto los homicidios como la persecución judicial -no olviden el libelo que publicó justificando la acusación de terrorismo contra el reportero de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia-.
En ninguna otra etapa de la Ceap se había alcanzado ese grado tan reptiloide y de felonía contra la comunidad reporteril y eso que por ahí han pasado verdaderos esperpentos afines al oficialismo.
La comisión está en su nivel más vil, convertida en una célula sicarial contra los mismos periodistas.
*Envoyé depuis Paris, France.
