Por Andrés Timoteo
A LA PUERTA
Un escándalo de corrupción le estalló en su puerta al hidalguense Ricardo Ahued: el "cartel inmobiliario" en el que están involucrados jueces, notarios, empresarios y funcionarios estatales y municipales allegados suyos que se han dedicado a despojar a la gente de predios y casas valiéndose de triquiñuelas legales e ilegales y de la protección oficial.
Ciertamente, el secretario de Gobierno se apuró a condenar la práctica y a prometer que las autoridades investigarán el asunto y cancelarán los registros irregulares de propiedades, pero lo tuvo que hacer presionado para salir del apuro y porque su jefa, la gobernadora Rocío Nahle, también se vio forzada a admitir la existencia de dicha mafia y prometió atacarla.
La admisión de ambos funcionarios pulsa la magnitud del daño político y legal que les pueden provocar la ventilación de ese chanchullo.
Esta vez no pudieron negarlo ante los enormes y evidentes alcances de las fechorías.
La citada organización delictiva no es nueva pero incrementó los despojos en el sexenio pasado y en el año actual debido a la red de complicidades y dinero repartido para permitir las arbitrariedades.
Participan notarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, ambos bajo el control de la oficina de Ricardo Ahued en los últimos doce meses y que antes los controlaba el bajacaliforniano Patrocinio Cisneros.
También titulares de las direcciones municipales de catastro, jueces y policías de Seguridad Pública que son usados para desalojar a las víctimas de los atracos.
Es una vuelta del revés.
Los morenistas hicieron alharaca con el "cartel inmobiliario" auspiciado por los alcaldes panistas de la Ciudad de México y ahora tiene uno similar en la capital del estado, la cual desde el 2018 es gobernada por el partido guinda.
El hidalguense está atrapado en su propio laberinto porque fue alcalde los tres años previos a ser secretario de Gobierno y en ambos cargos tuvo -y tiene- bajo su responsabilidad organismos y oficinas que están involucradas en el robo de propiedades.
De ahí que el escándalo toca su puerta.
Y la cosa empeora, un personaje cuya familia es muy allegada a él tanto política como administrativa y afectivamente está embarrado hasta el cuello y su participación en el chanchullo confirma lo que siempre se ha masticado en los merenderos políticos y los corrillos de los tramposos: Ahued sabía, Ahued lo toleraba.
Se trata de Leopoldo Toss Capistrán, juez segundo en materia civil, participante directo de la trama para despojar propiedades.
Una de ellas, la que detonó el escándalo, es una residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Jalapa cuyo valor supera los 8 millones de pesos pero que le fue despojada a sus propietarios con la argucia de que la compró un tercero a precio de 300 mil pesos.
Un robo en descampado.
Toss Capistrán utilizó los instrumentos y la autoridad judiciales para facilitar el enjuague.
Durante años, Ahued Bardahuil ha prohijado a los Toss Capistrán.
Adolfo Toss, hermano del juez, es director de Política Regional de la Secretaría de Gobierno bajo su mando directo y antes ocupó cargos en el ayuntamiento jalapeño.
Entonces, el secretario de Gobierno no puede alegar ignorancia del asunto pues siempre estuvo al tanto y tenía a su lado a varios de los integrantes de esa banda.
Y el caso de la residencia en Las Ánimas es tan solo uno de las decenas de despojos tanto en la capital como en los municipios vecinos -Coatepec, Emiliano Zapata, Banderilla, Xico, Teocelo y San Andrés Tlalnelhuayocan-.
De seguro en la Fiscalía General ahora a cargo de Aurelia Jiménez manipularán la investigación a fin de desligar al hidalguense.
Claro, si lo autoriza el bajacaliforniano Patrocinio Cisneros. Risas.
Tal vez agarren algún notario, un empresario o un funcionario municipal de rango menor, pero la esencia del "cartel inmobiliario" pervivirá porque es mucho el negocio como para extinguirlo.
PADROTES DEL BIENESTAR
¿Se acuerdan de las 'reinis'?
Esas mujeres guapas que ingresaron a cargos públicos en el sexenio del innombrable y llenaban eventos como acompañantes, edecanes y demás.
Pues la práctica la revivieron en la legislatura estatal que ahora regentea Esteban Bautista, otro al que un escándalo -de lenocinio- le estalló en su puerta.
Todos en el parlamento sabían desde hace meses lo que hizo público la periodista jalapeña Quetzalli Vázquez: que varios -no sólo uno- empleados de confianza del circulo cercano a Bautista reclutaban mujeres jóvenes y bien presentadas con la promesa de una plaza laboral y que en realidad eran usadas para el 'escort service' con políticos y funcionarios guindas.
El periodista sureño Mussio Cárdenas llama al caso como "los Padrotes del Bienestar".
Sorprendido en la maroma, Bautista lo niega todo y anunció que separará al empleado y procederá -todo en futuro- penalmente en su contra, pero sólo es una machincuepa para sacudirse el 'affaire'.
El empleado señalado será el 'chivo expiatorio' y los manejadores reales de esa red de trata de blancas en la legislatura seguirán intocables.
¿Quién viera al mustio maestro pro-zapatista tan ladino y concupiscente?
*Envoyé depuis Paris, France.
