El caso de Lafita, la oscuridad
Por Sergio González Levet
Al parecer lo único claro alrededor del sonado caso de Rafael León Segovia.
Lafita, es que hay una sentencia que lo obligará a guardar un año de prisión domiciliaria.
De ahí siguen puras dudas en este asunto que ha tenido repercusión nacional y hasta internacional…
La primera es la acusación que se le hizo por el delito de terrorismo, que nunca fue explicado por la Fiscalía y que de la misma manera fue inexplicablemente desechado por la autoridad judicial sin siquiera decir agua va.
El exagerado señalamiento en contra del periodista del sur del estado ocasionó que tuviera que salir a negar el hecho la propia presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le afectó directamente la acusación lanzada alegremente por la Fiscalía veracruzana, cuando ella estaba haciendo su mayor esfuerzo para acallar la noticia del coche bomba que había explotado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre.
Omar García Harfuch se había visto obligado a hacer una declaración bastante jalada de los cabellos para desviar la mirada del presidente Trump hacia el bombazo en Michoacán, seguramente ocasionado por miembros del crimen organizado, que tienen encima la amenaza de que podrían ser tratados como terroristas y perseguidos directamente por el Gobierno norteamericano.
Y en ésas estaban Claudia y Omar cuando desde Veracruz salió la Fiscal regional Karla Díaz Hermosilla con su batea de babas a decir que se había presentado un acto de terrorismo en el sur del estado.
Con esa pifia enorme se estrenó la flamante Fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien había apenas tomado posesión en lugar de Verónica Hernández Giadáns.
Pero si Lafita logró superar esa tremenda acusación, no salió indemne de la orden que dio alguien de fabricarle un delito con el fin de que acallara su colmillo informador y dejara de poner en evidencia a las autoridades policiales corruptas de la zona de Coatzacoalcos-Minatitlán, en donde ha vivido muchos años la gobernadora Rocío Nahle.
El regaño de la Presidenta y la llamada a cuentas de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apenas sirvieron para meter en cordura a las autoridades locales en caso del terrorismo, pero la venganza contra Lafita siguió su curso con dos delitos también oscuramente indicados: “encubrimiento por señalamiento” y “delitos contra las autoridades de seguridad pública”.
“encubrimiento por señalamiento” y “delitos contra las autoridades de seguridad pública”.
No se conoce a los testigos que acusan al periodista de nota roja, no hay pruebas públicas en contra suya, no ha explicado el juez con toda claridad por qué lo imputó y por qué le señaló un año de prisión domiciliaria.
Entre esas brumas, Rafael León Segovia solamente pide que lo dejen trabajar para mantener a su familia y que le respeten su derecho a informar profesionalmente sobre lo que ocurre en el sur del estado.
Pero parece que con eso pisa muchos callos.
