EL SALVADOR. (Agencias).- El Congreso salvadoreño aprobó este miércoles por 42.ª vez una prórroga al régimen de excepción, con el cual suspenden las garantías constitucionales de la población y durante el cual, según las autoridades, más de 88,800 personas han sido detenidas acusadas presuntamente de formar parte o colaborar con las pandillas.
Hay que recordar que estas prórrogas se deben a que el Congreso del país centroamericano es controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele.
Durante los últimos meses, las autoridades han denunciado intentos de organización de grupos de pandillas en centros educativos, lo que los llevó en junio a la captura de por lo menos 40 estudiantes de tres institutos públicos de la capital.
Además, han asegurado que la aplicación de sus políticas de seguridad ha permitido la reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 990 días sin la ocurrencia de este delito durante el actual gobierno.
Esta es la 42.ª prórroga, la cual estará vigente hasta el 2 de octubre y fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral.
El voto en contra de la prórroga estuvo a cargo de la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, mientras que las abstenciones fueron de dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Una prórroga que lleva desde 2022
El inicio de esta prórroga, la cual ya ha sido extendida 42 veces, empezó el 22 de marzo de 2022, después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en una sola jornada.
Este fue el hecho que marcó un punto de inflexión en las decisiones del Congreso, pues después de esta jornada de violencia se aprobó un estado de excepción, el cual causó opiniones divididas tanto a nivel nacional como internacional.
A prueba de ello, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, del 14 al 24 de mayo de 2025, el 59.7 % de los salvadoreños creen que el régimen de excepción debe continuar, mientras que el 37.4 % restante piensa que “es hora de buscar otras medidas”.
Mientras tanto, en el panorama internacional, varios organismos han manifestado que esta medida ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
Esta nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Tras la llegada de Bukele a la presidencia de El Salvador, el Congreso también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de cárcel, mientras que los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
